¿Cómo actuar ante un desalojo extrajudicial?
Vivir en nuestras ciudades cada vez es más difícil. La precariedad residencial se extiende mediante desahucios invisibles y desalojos diarios, mientras que los grandes propietarios, inversores y fundes buitres, se apropian a gran velocidad de miles de viviendas. Los procesos especulativos se acompañan de prácticas al margen de la ley. Es el caso del vaciado de edificios para obtener el máximo beneficio, haciendo uso de empresas de desalojos extrajudiciales como Desokupa: un eslabón más del negocio inmobiliario.
Ya en muchas ocasiones hemos denunciado las actuaciones de Desokupa, y desde los barrios se ha conseguido parar desahucios de personas vulnerables gracias a la coordinación y la red vecinal. En septiembre de 2016; a raíz del caso de Can Demonio, el Observatorio DESC y la cooperativa Iacta pusimos en marcha también la vía judicial, impulsando una querella para investigar Desokupa y Norvet SL , la empresa que lo había contratado. Desde el inicio ha sido un procedimiento difícil, con grandes reticencias por parte del juzgado de instrucción nº 31 de Barcelona. Ahora, la Jueza considera el sobreseimiento de la causa para creer que no existe ningún delito.
Se ha denegado la práctica de pruebas mínimas -como escuchar a todos los testigos- y afirma que no se aplica el delito de allanamiento de morada ya que “en el momento en el que entraron los obreros, lo domicilio estaba desocupado (...)”porque los habitantes habían salido a trabajar. El domicilio responde al espacio donde se desarrolla la vida íntima, la vida familiar, sea cual sea el régimen jurídico que nos vincula al mismo. Así mismo, no se considera el delito de coacciones únicamente porque se presume que las víctimas no tienen título para ser moradores (a pesar de que no se ha abierto procedimiento ni civil ni penal contra ellos). Además, la interlocutoría no expresa nada respecto a nuestra acusación sobre el delito de realización del propio derecho; elemento capital cuando un particular (en este caso empresa privada que obtiene grandes beneficios) pueda actuar al margen de los procedimientos legales.
Hasta el momento, queda pendiente de resolverse la apelación a la Audiencia Provincial de Barcelona. Si finalmente se acordara el sobreseimiento, sería muy mala noticia para las personas en situación de precariedad habitacional, que sufren vulneraciones de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda digna. La impunidad de este tipo de praxis en el mercado inmobiliario da alas a la especulación sin límites, la regresión en derechos y al uso de estrategias cada vez más peligrosas para los hogares vulnerables.
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