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Ipotecas sobre el futuro de Argentina: la soja y la minerìa

Cinco millones de hectáreas en el norte y centro del país y 600 mil personas han sido afectadas por el llamado proceso de modernización de la agroempresa y la minería.
Campesinos pobres y pueblos originarios son continuamente desplazados de sus tierras.
Segùn un informe de la Catedra Unesco de la Universidad Politecnica de Cataluña este modelo de explotación implica una imensa ipoteca sobre el futuro de Argentina.

El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios. “El agronegocio y las empresas extractivas privatizan las ganancias y socializan los problemas. La contaminación y la alta toxicidad de los insumos de la minería y de las actividades agroindustriales, así como el despojo de las tierras de muchas comunidades campesinas e indígenas, atentan contra la capacidad de subsistencia de estos pueblos”, advierte la reciente investigación “Situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino 2008-2009”, realizado por la Cátedra Unesco de la Universidad Politécnica de Cataluña (España).

La investigación identificó 120 conflictos, de los cuales ya fueron procesados hasta el momento 52 casos (el 43 por ciento). Los datos son contundentes: 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos territoriales y ambientales.

Un aspecto a mencionar es que las empresas utilizan (gratuitamente!) enormes cantidades de agua de los agricultores y que destruyen importantes reservas de la biosfera.

El informe de la Catedra Unesco hace mención también a la ingeniería legal que posibilita el accionar minero: Ley de Inversiones Mineras, Código de Minería, Acuerdo Federal Minero y Ley de Protección Ambiental. “El conjunto de las normas conforman un régimen legal que funciona como un traje a medida para el incremento de los beneficios empresarios”, afirma y recuerda que las empresas sólo deben pagar menos del tres por ciento de regalías a las provincias mineras. En ese gran "negocio" el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias mineras son fuertes defensores de este tipo de explotación de los recursos naturales y importantes relaciones económicas” entre integrantes de los gobiernos y las transnacionales mineras.

El caso de Adalgalá:

Además de la contaminación, “existen presiones y amenazas hacia la población que protesta por los daños causados”. De hecho, a medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales), se incrementa como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. La respuesta a lresistencia de los vecinos es muy fuerte y represiva como en el caso de Adalgalá (provincia de Catamarca, donde en los ultimos dias un comando de infantería y un grupo especial Kuntur asolaron a la población con balas de goma, con violencia inusitada:niños y mujeres fueron arrastrados sin control, una niña de 7 años fue embestida por una camioneta en la plaza y quien lo hizo se burlaba del dolor de la madre y de otras personas y de la misma niña herida según testimonios. Cuando estas personas reaccionaron arrojándole lo que tenían vino la policia y los hirió, los golpeó,los intoxicó con gases a todos (un niño quedó intoxicado por los gases). Las graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Andalgalá en la provincia de Catamarca, dejan al descubierto el saqueo, la destrucción del medio ambiente, la contaminación de los ríos y el despojo de los derechos del pueblo, con la complicidad del gobierno provincial y del gobierno nacional, y cómplices son las empresas mineras como la Alumbrera y Agua Rica, que buscan sus intereses económicos y no respetan el derecho del pueblo. La resistencia y movilización de las organizaciones populares en Andalgalá, como la Asamblea del Algarrobo, reclaman sus derechos como ciudadanos, para que no se destruya su hábitat y condiciones de vida. El gobierno no busca solucionar el problema, ni respetar el derecho del pueblo; su respuesta es la violencia policial y de la gendarmería para reprimir y encarcelar a quienes defienden sus derechos y se oponen a la explotación, al saqueo y la contaminación provocada por las empresas mineras.
El problema que vive el pueblo de Andalgalá no es un hecho aislado en la situación que vive el país en diversas provincias, sometidas a políticas de explotación y daños que benefician solo a las muchas multinacionles extranjeras, y por esosegùn los vecinos "la única forma que tenemos de frenar este gran saqueo, contaminación y muerte que nos proponen las multinacionales mineras, es dando difusión de la que está pasando en nuestra Cordillera de Los Andes (nuestra gran fuente de vida) y uniendonos como pueblos".

En adjunto la Carta de Solidaridad enviada por la Coalición quebequense sobre los impactos socioambientales de las trasnacionales en América Latina:

Declaración pública

Es con mucha preocupación e indignación que la Coalición quebequense sobre los impactos socioambientales de las trasnacionales en América Latina ha recibido las noticias provenientes de Andalgalá, Catamarca, Argentina. Miembros de la Asamblea del Algarrobo y de la Asamblea Socio-Ambiental del Noroeste Argentino (ASANOA) fueron reprimidos con feroz violencia mientras manifestaban impidiendo el tránsito de camiones con insumos de las megamineras de Mina Alumbrera y Agua Rica, faraónicos emprendimientos cuestionados por las poblaciones de esos valles.
La población de esta localidad que se opone a la actividad de la compañía minera AGUA RICA, localizada en una de las cumbres del nevado a 17 km de la ciudad, decidieron ocupar la vía para denunciar las actividades de esta compañía que amenaza el Agua de la región. Más de tres mil personas manifestaron su oposición a este proyecto.
La Coalición quebequense sobre los impactos socioambientales de las trasnacionales en América Latina, denuncia la acción represiva de la policia de la localidad que ha decidido reprimir con perros y balas de goma a los manifestantes. Es una violencia totalmente desmedida y no justificada de la parte de las autoridades.
La Coalición apoya solidariamente a las asembleas ciudadanas que se oponen a las actividades mineras ya que destruyen ecosistemas frágiles, contribuyen a la degradación de la calidad de vida y no traen ninguna ventaja a las poblaciones locales.

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