La ONU insta a Zimbabwe a suspender las demoliciones
22 de julio, 2005 Zimbabwe debe poner fin a la demolición de los barrios de tugurios urbanos, que se ha venido haciendo de manera “indiscriminada e injustificada”, afirma un informe de la ONU dado a conocer hoy.
El trabajo fue encomendado por el Secretario General, Kofi Annan, a la directora ejecutiva de Habitat, Anna Tibaijuca, y fue enviado antes de su publicación al presidente Robert Mugabe.
¡Los habitantes de las chabolas de Zimbabwe no son basura!
Los desalojos están golpeando en pleno invierno:
- 1,5 millones de personas obligadas a quedar sin hogar, principalmente de Harare, Bulawayo, Victoria falls, Chitungwiza, Chipinge, Kariba, Chinhoyi, Beitbridge Gwanda, sobre un total de acerca de 12 millones de habitantes
- 300.000 niños ya obligados a abandonar la escuela
- 42.000 detenidos entre las personas que se opusieron a los desalojos
- decenas de muertos, muchos de ellos niños, en las operaciones de demolición o en los choques con la policía
El Gobierno de Zimbabwe
está violando la normativa internacional: el art. 11 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular los Comentarios Generales n. 4 y 7 que prohiben los desalojos sin relocalizaciones adecuadas y coordinadas, el art. 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que exige a los estados asegurar condiciones de vida adecuadas en las zonas rurales, el art. 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que impone a los estados el respeto del derecho de los niños a una vivienda adecuada, el art. 7 y el art. 17 de la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos que prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes y el empleo arbitrario de la fuerza, el art. 7(1)(d) y el art. 7 (2)(d) del Estatuto del Tribunal Internacional Criminal que define el traslado forzado de la población civil como crimen contra la humanidad.
Por lo tanto, en el ámbito de la Campaña Desalojos Cero, apoyando la Declaración conjunta lanzada el pasado 23/6/05 por más de 200 asociaciones y redes africanas e internacionales contra la operación Murambatsvina, y el Llamado "Borrar la deuda para alojar a los pobres del mundo"
Solicitamos firmemente
Al Gobierno de Zimbabwe:
- detener inmediatamente las demoliciones y los desalojos
- reubicar a los desalojados y definir un plan de recuperación de los chabolismos coordinado con las comunidades interesadas, respetando la legislación y normativas internacionales
- garantizar el derecho a la reparación para todas las víctimas de los desalojos, incluido el acceso a la justicia, la restitución, la recuperación, la compensación, la satisfacción y la garantía de que estas violaciones no se repitan
Al G8 y a los Países acreedores de Zimbabwe:
- conceder la cancelación de la deuda únicamente si los recursos liberados son destinados al desarrollo de políticas de las viviendas y urbanas para los pobres y canalizados principalmente a los Fondos Populares por la Tierra y la Vivienda, controlados por todas las partes involucradas, incluidos los habitantes y la sociedad civil organizada, con mecanismos claros que garanticen la transparencia
- detener cualquier inversión en Zimbabwe si los efectos violan la legislación internacional sobre los derechos.
A las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea:
- condenar públicamente la operación Murambatsvina
- enviar un contingente de voluntarios civiles que ejerza como mediador y apoyo y que vigile sobre el respeto y el cumplimiento de la normativa internacional
- favorecer una mesa de concertación entre el gobierno de Zimbabwe y todas las partes interesadas, incluyendo las representaciones reconocidas de los chabolismos, las redes internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las entidades locales para reubicar a las personas desalojadas de manera coordinada con las comunidades interesadas
- garantizar la seguridad de la vivienda, la constitución de los Fondos Populares por la Tierra y la Vivienda, la reforma y la redistribución de la tierra y el acceso a los servicios públicos de base.