Home » Campagne Zéro Expulsion » Journées Mondiales Expulsions Zéro 2010 » S. Domingo. República Dominicana. Movilización Nacional por el derecho a la vivienda y la tierra

Mostra/Nascondi il menu

Campagne Zéro Expulsion

S. Domingo. República Dominicana. Movilización Nacional por el derecho a la vivienda y la tierra

Intitulé de l'initiative:
S. Domingo. República Dominicana. Movilización Nacional por el derecho a la vivienda y la tierra
Position sur la carte:
Pays:
Dominican Republic
Rédacteur:
Nicola Sossass
Langue:
Espagnol
Date de l'initiative:
12/10/2010
Organisateurs:
Foro Ciudadano, Foro Social Alternativo, Articulación Nacional Campesina, Red de Coordinación Urbano Popular
Contenu:
12 de octubre día continental de los excluidos/as
Día mundial de la soberanía alimenticia

Hoy 12 de octubre de 2010 organizaciones sociales comunitarias, urbanas y campesinas que integran cuatro articulaciones: Foro Ciudadano, Foro Social Alternativo, Articulación Nacional Campesina y la Red de Coordinación Urbano Popular; estamos en sección permanente “Por la defensa del Territorio”.
Décisions:
A las organizaciones citadas nos une la lucha por la defensa del derecho a una vivienda digna, sin desalojos y amparados en un título que les garantice a las familias tener un techo seguro. En virtud de esto demandamos la aprobación de un marco legal que regule a favor de las mayorías empobrecidas y excluidas, el derecho a cultivar la tierra y a habitar dignamente en una vivienda.

Resulta inconcebible que en una sociedad donde existe alrededor de un 70% de viviendas con algún tipo de vulnerabilidad, un 60% de personas sin títulos de propiedad y un déficit habitacional que sobrepasa las 700 mil viviendas; el gobierno presente en el Presupuesto 2011 apenas un 0.08% del PIB para este rubro. Se trata de una reducción muy sustancial respecto a la asignación del año 2010, que fue de 0.4% del PIB. Estamos hablando de una reducción en términos absolutos de un 80%.
Congregados/as frente al Congreso Nacional de la República, demandando la aprobación de leyes que mejoren la calidad de vida de la familia dominicana que en estos momentos viven en estado de exclusión y vulnerabilidad, en más del 50% de inseguridad y condiciones muy precarias.
Las organizaciones presentes consideran que para cumplir con el compromiso de proveer a las familias empobrecidas una vivienda digna en suelo seguro, el gobierno debe otorgar el 1.52% del PIB para la construcción de viviendas y no dejar a las necesidades de hábitat a merced de fideicomisos y el sector inmobiliario privado.
Una política de inversión en viviendas dignas en suelo seguro, debe pasar por la aprobación del anteproyecto de ley de Vivienda, Hábitat y Asentamientos Humanos. Este anteproyecto de ley plantea un salto cualitativo cuando marca la necesidad de establecer un sistema nacional de vivienda, hábitat y asentamientos humanos que plantea una alianza entre lo público y lo privado, con la finalidad de garantizar la construcción de conglomerados geográficos que contemplen todos los componentes necesarios para la vida digna de las personas que lo habiten. No se trata de la
construcción de grupos de viviendas sin garantía de servicios o acceso al ocio y a espacios de trabajo. Se trata de espacios armoniosos en donde las familias desarrollen todas sus necesidades a través de su realización integra, superando con esto, además de la pobreza, la exclusión y todas las patologías generadas por los largos años viviendo en espacios poco dignos.
Plantea además la propuesta de ley, un ordenamiento institucional que elimine de una vez por toda la dispersión existente en la actualidad. Tres instituciones estatales formales, además de las acciones dispersas con un carácter clientelar que ejecutan otras instituciones de asistencia social1
1 Plan de Seguridad Democrático, Comunidad Digna, Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad intervienen en la implementación de programas de viviendas también dispersos, pero sobre todo escasos.
Plantea además el citado anteproyecto, un sistema de financiamiento de la vivienda, con instrumentos concretos orientados a fomentar el ahorro y apoyo a las familias empobrecidas.
Plantea además la integración de los gobiernos municipales, lo cual hace que este sistema de financiamiento sea descentralizado y que con ello garantice la equidad territorial y el empoderamiento de los-as habitantes de cada comunidad.
Son muchas las bondades de un anteproyecto de ley que, en resumen, busca reivindicar un derecho fundamental, que el Estado dominicano se ha comprometido a cumplir en acuerdos internacionales y en la recién aprobada constitución. Y que además busca poner fin al desorden institucional, la malversación de fondos, los desalojos y la inseguridad jurídica.
Existe en estos momentos una propuesta de desarrollo conjunto en una alianza público-privada con la participación de organizaciones sociales, que debe contar con el apoyo de la inversión del gobierno, ascendente a 43 MM. Este apoyo del gobierno constituye el 50% del costo del proyecto, contando con un importante apoyo de donaciones internacionales. Este proyecto puede constituir un piloto acerca de cómo debe procederse en la construcción de asentamientos humanos ya que garantiza un espacio geográfico con seguridad jurídica, viviendas dignas y la existencia de todos
los servicios que aseguran la realización de las necesidades del ser humano. Si queremos priorizar lo social, este es el momento. El congreso debe demostrar que tiene un compromiso con la gente más empobrecida y excluida.
En la República Dominicana, alrededor del 70% de la tierra productiva está en manos de empresarios agrícolas y trasnacionales. A esto se suma el poco apoyo a la producción, la desprotección total a los pequeños y medianos agricultores que viven endeudados. Hay una
carencia de políticas agrícolas estatales.
Es por esto que exigimos el conocimiento del anteproyecto de Ley del Instituto de Reforma Agraria y el Desarrollo Rural para que los campesinos y campesinas dominicanas recuperen su derecho a cultivar la tierra y se garantice la soberanía alimentaria. A pesar de que la misión de los campesinos es producir alimentos para el pueblo, miles de campesinos y campesinas están atravesando una difícil situación de falta de alimentación, debido a que la mayoría de las tierras productivas del país no están en manos de los trabajadores del campo.
A pesar de la gravedad de la situación de las familias del campo, conociendo el gobierno que es ya una constante la falta de tierras y crédito blando, la baja producción de los pequeños y medianos productores y productoras, la falta de mercados y los bajos precios de la producción y las pocas oportunidades de empleo, es irrisorio y una vergüenza que se le vuelva a cortar el presupuesto en el rubro de agropecuaria y pesca. Este rubro, tan importante para la vida de la gente pasó de 0.64% del PIB en el año 2008 a 0.43% para el año 2010, y se le vuelve a cortar en la propuesta de Ley de Presupuesto para el próximo año, introducida al Congreso este año en sólo 0.4% del PIB.
Este conjunto de organizaciones sociales, constituidas en movimiento social, exige que para el gobierno los campesinos y empobrecidos sean una prioridad y que esto se exprese en concreto con la aprobación del anteproyecto de Ley del Instituto de Reforma Agraria y el Desarrollo Rural y una inversión adecuada, a la altura del diagnóstico del campo.
Para los hombres y mujeres del campo se hace urgente la revisión inmediata por parte del Poder Ejecutivo de los decretos 571-09 y 17-06 sobre áreas protegidas y el pago de compensación y la delimitación del Parque Nacional de Los Haitises, disposición que ha dejado a miles de campesinos y campesinas sin tierra.
El movimiento social articulado les recuerda a los congresistas y a las congresistas que las reformas agrarias buscan solucionar el problema de la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños (latifundismo) y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o a la especulación con los precios de la tierra que impide o desestima su uso productivo. Así mismo lo ha ratificado este gobierno en la constitución en su artículo 51 cuando plantea que: “Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica”.
En resumen, exigimos al cumplir en primer lugar con la constitución y además con los pactos internacionales que hemos firmado en pro de garantizar el disfrute de los derechos económicos y sociales concretados en:
1. Asignación del 1.52% del PIB para la vivienda.
2. Cero desalojos
3. Aprobación del Anteproyecto de ley de Vivienda, Hábitat y Asentamientos Humanos
4. Aprobación del Anteproyecto de Ley del Instituto de Reforma Agraria y el Desarrollo Rural
5. Asignación de los 43 MM para el proyecto piloto de Villa Esfuerzo.
El movimiento social articulado exige y luchará sin descanso por un cambio de modelo que permita la democratización de la tierra cultivable y del suelo urbano.
Las organizaciones convocantes: Foro Ciudadano, Foro Social Alternativo, Articulación Nacional Campesina, Red de Coordinación Urbana y Popular.
:
Nicola Sossass