“Es un escándalo que, transcurridos cinco años, las víctimas tengan que sobrevivir en construcciones de plástico desprovistas de los servicios básicos. Las necesidades de estas personas corren el riesgo de caer en el olvido porque sus voces son ignoradas de forma persistente”, señaló Cousin Zilala, director de Amnistía Internacional Zimbabue.

El 18 de mayo de 2005, el gobierno zimbabuense comenzó a demoler asentamientos informales en todo el país. El programa, conocido como Operación Murambatsvina, afectó a más de 700.000 personas, a las que dejó sin hogar, sin medios de subsistencia o sin ambas cosas a la vez. Los desalojos forzosos han sumido aún más en la pobreza la mayoría de estas personas y la situación se ha visto agravada por la crisis económica que sufre Zimbabue.

A finales de 2005, tras las amplias muestras de condena que recibió la Operación Murambatsvina a nivel local e internacional, el gobierno puso en marcha un programa de realojo, conocido como Operación Garikai/Hlalani Kuhle, que aspiraba a proporcionar cobijo a las víctimas y a mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, el programa fue un rotundo fracaso y ahora parece que se ha abandonado.

“Las pocas casas que se construyeron en virtud del programa Garikai/Hlalani Kuhle son totalmente inhabitables”, afirmó Cousin Zilala. “No tienen pisos, ventanas, agua ni aseos. Las comunidades que viven en las zonas de reasentamiento designadas dependen de la asistencia humanitaria y de las iniciativas de autoayuda para su supervivencia.”

Las personas afectadas por la Operación Murambatsvina pronto se volvieron invisibles: se vieron forzadas a reubicarse en áreas rurales, fueron absorbidas por el hacinamiento de viviendas urbanas ya existentes o se las obligó a trasladarse a asentamientos designados por el gobierno. Quienes aún viven en las ciudades siguen expuestos a sufrir más desalojos forzosos, pues carecen de seguridad de tenencia. En 2009, las autoridades municipales de Harare intentaron expulsar a algunas de las víctimas de los desalojos forzosos de 2005, pero tuvieron que revocar la decisión debido a las protestas de organizaciones derechos humanos y del derecho a la vivienda.

Desde su creación en febrero de 2009, el gobierno de unidad no ha hecho nada por paliar la dura situación de los sobrevivientes de los desalojos forzosos o de sus hijos e hijas, que han nacido en asentamientos informales.

“Han pasado cinco años y muchos de nosotros seguimos viviendo en tiendas de campaña”, denunció Felistas Chinyuku, habitante de Hopley Farm, a las afueras de Harare, donde la mayoría de los residentes sobreviven en alojamientos improvisados. “No hay escuelas, ni servicios de salud y apenas hay instalaciones de saneamiento. Ésta no es una forma de vida apta para las personas”.

Felistas Chinyuku es también la ex presidenta de la Asociación de Residentes de Porta Farm, asentamiento de unas 10.000 personas destruido en 2005 por el gobierno, pese a que la comunidad había obtenido varias sentencias judiciales que impedían a las autoridades llevar a cabo los desalojos.

Los habitantes del asentamiento Hatcliffe Extension, en Harare, sufrieron una injusticia similar en 2005 cuando las autoridades ignoraron intencionadamente ciertos contratos de arrendamiento y destruyeron sus hogares. No han recibido ninguna indemnización por el desalojo ilícito y siguen enfrentados a las autoridades. En la actualidad se les está exigiendo el pago de sumas prohibitivas para la renovación de los contratos de arrendamiento.

“La Operación Murambatsvina consiguió el objetivo contrario al que habían afirmado públicamente: restaurar el orden. En Harare, el programa de desalojos forzosos ha ocasionado el hacinamiento de barrios pobres, donde hasta tres familias comparten una casa de cuatro habitaciones”, explicó Lorraine Mupasiri, de la Asociación Combinada de Residentes de Harare, uno de los socios de la coalición. “Nos preocupa especialmente que cada vez hay más gente que necesita alojamiento y menos viviendas disponibles en Harare. Más de medio millón de personas están en lista de espera.”

Los desalojos forzosos no sólo han dejado a la gente sin sus hogares, sino también sin sus puestos de venta en la calle. Por tanto, han despojado a vendedores informales de su medio de ganarse el sustento.

Las mujeres se han visto especialmente afectadas, pues son las que más trabajan en el comercio informal y en muchos casos constituyen la principal fuente de ingresos, no sólo de sus propios hijos, sino también de otros niños y niñas que se han quedado huérfanos por la pandemia del sida.

Cuando los vendedores informales han tratado de reanudar su actividad, las autoridades no han dejado de ponerles trabas.

“Las deplorables condiciones de vida que siguen sufriendo las víctimas de la Operación Murambatsvina y su lucha por la supervivencia ponen de manifiesto que el gobierno no ha abordado las injusticias persistentes que se cometen contra algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad zimbabuense”, afirmó Cousin Zilala.

Amnesty International