COHRE anuncia los ganadores del Premio Derecho a la Vivienda 2008
Condena para el COI, Israel e Italia y elogios para la Asamblea Constitucional de Ecuador y los activistas del derecho a la vivienda
El Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE, en sus siglas en inglés) anunció hoy a los ganadores del Premio Derecho a la Vivienda 2008. Este año, el Comité Olímpico Internacional (COI) y los gobiernos de Israel e Italia recibieron el Premio Violadores del Derecho a la Vivienda por su evidente incumplimiento de las normas que reglamentan la protección e implementación de ese derecho. La Asamblea Constituyente de Ecuador fue galardonada con el Premio Protectores del Derecho a la Vivienda 2008 por haber colaborado para que Ecuador se convirtiera en el primer país del mundo que no sólo reconoció la importancia de los derechos a la vivienda y a la protección del hábitat sino que les otorgó rango constitucional. La señora Pia Ndayiragije de Burundi, el señor Ken Fernández de Australia y la Coalición de Protección a las Viviendas Publicas (con sede central en Chicago, Estados Unidos) recibieron el Premio Defensores del Derecho a la Vivienda 2008 en reconocimiento a su extraordinario compromiso en ese campo.
El Director Ejecutivo de COHRE, Salih Booker, expresó: “Estos premios demuestran que, al 2008, muchos gobiernos y organismos responsables todavía no han tomado en serio las obligaciones que estipula el derecho internacional en materia de derechos a la vivienda. En lo que respecta a Israel, la comunidad internacional debería manifestar una clarísima y contundente condena por las graves y persistentes violaciones del derecho a la vivienda, tanto en la persona de los ciudadanos palestinos que viven en él como en la de los palestinos que viven en su propio territorio bajo ocupación permanente. Al otorgar este premio, hemos puesto particular énfasis en los abusos perpetrados contra los beduinos de Israel, que son prácticamente ignorados tanto por los medios internacionales como por la sociedad civil".
“En el mismo sentido, consideramos que el gobierno italiano debe ser condenado por los permanentes abusos que padecen las comunidades gitanas que habitan los alrededores de Roma y que han ido en aumento desde que la actual administración llegara al poder en mayo de este año. Desde hace mucho tiempo, los sucesivos gobiernos italianos han maltratado sistemáticamente a las comunidades gitanas y migrantes de Roma, sancionando e implementando leyes y políticas discriminatorias, forzándolos a vivir segregados del resto de la población en viviendas que no cuentan con la infraestructura mínima y necesaria y alentando tácitamente las oleadas de violencia de las que son víctimas permanentes. Por eso, hacemos un encarecido llamamiento a estos gobiernos para que mejoren notablemente sus políticas en todo lo que concierne al derecho a la vivienda”.
A continuación, el señor Booker agregó: "El Comité Olímpico Internacional, si bien no es un gobierno, tiene la responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos, una obligación que ha incumplido señaladamente hasta la fecha. Los juegos olímpicos celebrados este año en Pekín significaron el desalojo forzoso de alrededor de 1,5 millones de personas. Como seleccionador de la ciudad anfitriona, el COI tiene la oportunidad única de garantizar que los próximos anfitriones no violen los derechos a la vivienda, tanto durante el proceso de selección como –en el caso de los ganadores– durante los preparativos de los juegos. Desgraciadamente, el COI no ha aprovechado su poder y competencia para llevar a cabo estos objetivos.
La Asamblea Constituyente de Ecuador, por el contrario, ha demostrado que los gobiernos e instituciones públicas pueden tomar medidas reales y efectivas para cumplir con las obligaciones que les impone el derecho internacional en materia de derechos humanos. Ecuador puede sentirse orgulloso de ser el primer país del mundo en haber reconocido e incorporado al derecho interno los estándares internacionales del derecho a la vivienda. También es digno de elogio que estas normas internacionales hayan sido interpretadas y expresadas en el lenguaje y los conceptos propios del pueblo ecuatoriano.
Por último, es importante agradecer los enormes esfuerzos que realizan los activistas del derecho a la vivienda en todo el mundo, tanto en forma individual como en grupos, para profundizar la comprensión y protección de este derecho y de los otros derechos asociados. El señor Ken Fernández es una persona reconocida en toda la región de Asia-Pacífico por su militancia en las organizaciones de base relacionadas con estos derechos. La señora Pia Ndayiragije, Ministra de Asuntos de Familia y de la Mujer de Burundi desde 1987 a 1991, ostenta una bien merecida reputación por su incansable lucha para promover los derechos de la mujer, tanto en términos económicos como de vivienda, tierra y propiedades. La Coalición de Protección a las Viviendas Publicas, fundada en Chicago en 1996, es reconocida internacionalmente por sus exitosas campañas en contra de los desalojos forzosos y como modelo de defensa de los derechos humanos a todo lo largo de los Estados Unidos”, concluyó Broker.
Hoy, cuando falta un día para que se conmemore el Día Internacional de los Derechos Humanos, COHRE dio a conocer un informe bajo el título "Política de la negación: La privación del agua en Cisjordania". El informe documenta la violación del derecho al agua y a los servicios sanitarios implementada por el gobierno de Israel a través de su política y sus prácticas de ocupación en los territorios de Cisjordania, particularmente en lo que se refiere a los palestinos, a quienes se priva tanto de los recursos esenciales –como el agua– como de otros servicios fundamentales de una vida digna. El informe hace un llamamiento a Israel, en su condición de potencia ocupante, para que asuma la responsabilidad de garantizar a los palestinos de Cisjordania el derecho al agua y a los servicios sanitarios, así como de respetar, proteger e implementar todos los derechos humanos reconocidos en la legislación internacional. También lo insta a que deje de obstruir a la Autoridad Palestina en la consecución de sus obligaciones y responsabilidades, particularmente en lo que concierne a la provisión de agua y de otros servicios sanitarios esenciales.