Por primera vez en la historia de Ciudad de Buenos Aires, nueve humildes inquilinos han sido condenados sin ser escuchados. Sus testimonios y sus alegatos fueron desestimados, al igual que los testigos presentados, contradiciendo el derecho procesal.

El fiscal Angel Carestia y la Jueza Escrich llegaron, incluso, al límite de incorporar y utilizar pruebas y testigos que no fueron presentados durante el debate, violando, expresamente, el C.P.P.

Pero es mucho más que eso. Resulta un precedente jurídico contra las personas sin techo que ni siquiera alcanzan a pagar una pieza de hotel y subalquilan casas de dudosa habitabilidad. Cinco madres –una, por tener antecedentes, deberá cumplir la pena en la cárcel–, un anciano de 77 años, un desocupado, un obrero panadero y un mensajero son los acusados.

La historia del inmueble empieza en 1995 con la muerte de la propietaria y con un familiar, Néstor Nacama, ya conocido en la justicia con condenas reiteradas por estafa, que urdió un plan para apoderarse del inmueble.

Pasando como propietario él empezó a alquilar habitaciones en negro, amenazando más de una vez a los vecinos.

Estos, cansados de las agresiones, decidieron, en diciembre pasado, dejar de pagarle los “alquileres” que éste, con sus matones, pasaba cobrarles cada vez que necesitaba.

De acuerdo con el fiscal Carestia, el señor Nacama comenzó entonces una causa por “usurpación” y se dispuso el desalojo en abril pasado, sin intervención del juez. La ayuda de organismos sociales y de la defensora de los menores impidió que se concretara esa injusticia. Entonces se pasó desde el nivel de desalojo hasta lo de detener personas.

El 12 de octubre se conocieron los fundamentos del controvertido fallo del Juzgado Nº 20 en lo Penal, Contravencional y de Faltas. La jueza dio por acreditado que “los imputados despojaron a Néstor Nakama de la tenencia pacífica que el mismo gozaba del inmueble de la calle Chacabuco 630/34 de esta ciudad, mediante el uso de la violencia y hasta la fecha permanecen en él”. La única violencia que quedó acreditada por los testimonios de algunos testigos en el juicio se la atribuyen al presunto propietario. Mariela del Carmen Aguirre, la mujer condenada a prisión efectiva, declaró que la amenazó “con prenderla fuego, paseándose con un bidón de queroseno”. Una vecina del barrio aportada por la defensa, Ana Raquel Melnik, describió que Nakama peleaba con un supuesto socio, Carlos Benítez, y que en una ocasión éste “se fue mal, lastimado, agredido, que después no fueron nunca más, hasta que en el verano, el señor oriental se paseaba con un bidón de nafta amenazando que iba a quemar la casa, a los vecinos, etcétera”.

Los abogados de los compañeros (Rosa Herrera, G. Echeverry, H. Trajetemberg y C. Montes) apelaron la sentencia y ahora será la Sala II de la Cámara de Apelaciones de la C.A.B.A. la de que deba elegir si convalidar la sentencia o expedirse ante esta juicio lleno de puntos obscuros y desigualdad de tratamiento de las personas frente a la justicia.