Perú: Se requiere acceso planificado al suelo para los pobres
Sobre la ley de expropiación y la función social de la propiedad
► Proceso de expropiación es justo, pero se necesita banco de tierras
► Relanzar los Programas Municipales de Vivienda prevendría las ocupaciones informales
NOTA DE PRENSA del Instituto de Desarrollo Urbano- Cenca
En el debate suscitado en relación a la ley de expropiación, algunos sectores han expresado su posición sobre la supuesta inviolabilidad de la propiedad privada, obviando que esta tiene también una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común e interés social.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos Art. 25 y el Pacto de Derechos económicos sociales y culturales Art. 11 señalan que la vivienda es un derecho humano. Nuestro país ha suscrito estos tratados, por tanto conforme al art.55 de nuestra Constitución Política del Estado, el Derecho a la Vivienda es parte de nuestras normas nacionales, siendo la vivienda un derecho humano al que todos los seres humanos tenemos derecho por el solo hecho de serlo, y obligación de los Gobiernos respetarla, protegerla y cumplirla, es decir es responsabilidad del Estado promover que los peruanos y peruanas accedamos a una vivienda digna y en este sentido que promulgue las leyes que se considere necesaria para concretizar este derecho.
Uno de los Instrumentos para garantizar este derecho es la criticada Ley de expropiación, pero que no es suficiente. Se requiere efectuar cambios sustantivos en la política de vivienda, que no ha sido capaz de ofrecer una alternativa viable para que miles de familias de condición humilde accedan a un sitio en la ciudad.
Por ello proponemos que se relancen los Programas Municipales de Vivienda para lo cual deben constituirse bancos de tierras municipales en cada provincia y dotar a los municipios de recursos necesarios. Lamentablemente en los diferentes gobiernos los terrenos del Estado los subastan a las inmobiliarias para realizar grandes “inversiones” en vez de ponerlas a disposición de las Municipalidades para que estas la destinen a los sin techo de la ciudad, que seguirán ocupando terrenos de mala calidad, poniendo en riesgo sus vidas.
Es necesario que el Estado recupere la ética, así como promover la equidad y la justicia social facilitando y tutelando los derechos de los empobrecidos de la ciudad. Es el Estado el responsable de redistribuir las riquezas existentes.
De esta manera podremos ordenar el crecimiento de la ciudad y disminuir las posibilidades de nuevas invasiones y de requerir cualquier tipo de medida regulatoria, como la expropiación.
Más Información
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