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Desalojos forzosos realizados en la Comunidad Pesquera y Vazanteira de Canabrava en Buritizeiro – Minas Gerais

Durante 2017, la Comunidad Tradicional pesquera y vazanteira[1]  de Canabrava, en Buritizeiro, Minas Gerais (MG), fue víctima de diversas acciones de desalojo y retiros forzosos. A pesar de estar localizada en área de la Unión, con solicitud de Término de Autorización de Uso Sostenible (TAUS), las más de 300 personas fueron forzadas a abandonar su comunidad, una decisión que benefició a latifundistas interesados en la especulación territorial.

Organización : Consejo Pastoral de los Pescadores

Localización (ciudad, región, Brasil) : Buritizeiro, Minas Gerais, Brasil

Tipo de desalojos : desalojo de vivienda, debido a Especulación practicada por latifundistas

Número de desalojados : 300
% Mujeres: 27%
% Niños: 14%

Organizaciones movilizadas (nombre y correo electrónico):

Consejo Pastoral de los Pescadores

Comisión Pastoral de la Tierra - Frei Gilvander

Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Presentación del caso de desalojo (máximo 1 página) indicando:

  • Información histórica
  • Estrategias:
  • Acción legal procesos judiciales:
  • Movilizaciones, protestas, decisión de las autoridades:

La Comunidad Tradicional pesquera y vazanteira de Canabrava se ubica en la ribera izquierda del Río São Francisco, en el municipio de Buritizeiro-MG, región Norte del estado. Canabrava es el nombre del espacio ocupado, por las familias, en las márgenes del arroyo Canabrava, afluente del São Francisco, hoy intermitente, debido a la desforestación del bosque sanfranciscano. La comunidad está compuesta por treinta y nueve familias en la ribera izquierda y treinta familias en la isla de Manoel Redero. Ubicadas en las márgenes del río são Francisco, las familias ya ocupaban de manera autónoma la región (municipios ribereños de Buritizeiro, Ibiaí, Ponto Chique) incluso antes de los procesos de modernización agrícola y desarrollo de la región, que alcanzaron su clímax en la década de 1970 con la implementación del proyecto de Desarrollo hacia el Norte de Minas. A partir de iniciativas que resultaron en un aumento considerable de la concentración de fundos en la región, tales familias se vieron expropiadas de sus territorios y parte de sus medios de producción. El territorio pesquero, reivindicado, comprende las áreas de pesca y colecta, de vivienda, lugares de embarque, lugares sagrados y las áreas necesarias para la reproducción física y cultural del grupo.

Los problemas con la ocupación tradicional por parte de las familias pesqueras y vazanteiras se agravaron en 2005, cuando la hacienda fue ocupada por movimientos de lucha por la reforma agraria. Hacendados ingresan con una acción de reintegración de propiedad contra el Sindicato de los Trabajadores Rurales (STR) de Buritizeiro, pero no hubo expropiación, ya que la mayor parte del territorio pertenecía a la Unión, debiendo destinarse solo para comunidades tradicionales. Las decenas de familias de trabajadores rurales sin tierra reivindicaban la expropiación de la Hacienda Canabrava y Bananal para fines de Reforma Agraria, en vista de que el área había sido caracterizada por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) como una gran propiedad improductiva. Hubo un intenso diálogo del Sindicato con el INCRA, pero el acuerdo no prosperó y los hacendados dieron continuidad a la acción, obteniendo, en marzo de 2013, una sentencia favorable a la reintegración. La comunidad tradicional también se vio afectada por la sentencia, pues se encuentra ubicada en el área perteneciente a la Unión y reivindicada por los hacendados como propiedad privada.

En diciembre de 2015, el ingreso de una acción de cumplimiento de sentencia intensifica las amenazas de desalojos, culminando, en octubre de 2017, con el retiro forzado de la comunidad de su territorio ancestral. Incluso involucrando una comunidad tradicional en el área de la Unión y habiendo solicitado la emisión del Término de Autorización de Uso Sostenible (TAUS) en la Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU), la acción se tramitó en la Justicia Estatal, toda vez que la Unión no demostró interés en el proceso para que él fuese derivado a la Justicia Federal. Para agravar la situación, la SPU de Minas Gerais se mostró contraria a la emisión del TAUS a favor de la comunidad. La comunidad presentó recurso y el proceso administrativo fue remitido a la SPU en Brasilia, que hasta el momento no ha emitido la decisión final.

La comunidad sufrió un desalojo el día 18 de julio de 2017, con orden de reintegración de propiedad suspendida cuando 13 (trece) casas ya habían sido demolidas. El día 20 de julio de 2017, todavía con la orden suspendida, los propios hacendados y latifundistas, con matones, haciendo uso arbitrario y violento de la fuerza expulsaron al resto de las familias e incendiaron todo lo que quedaba en el lugar. Las familias regresaron al área y fueron nuevamente expulsadas el día 24 de agosto de 2017. En octubre de 2017, regresaron nuevamente al área, angustiadas por las tempestades sufridas en la pequeña isla donde se habían refugiado y por el miedo a las aguas que se elevan en tiempo de lluvia. Además de los episodios de desalojo, las familias fueron amenazadas en distintas ocasiones, por los trabajadores de la hacienda al navegar el Río o cuando trataban de tener acceso a aquello que cultivaban aguas abajo. El 24 de agosto de 2017, mientras denunciaban la situación para el Programa de Defensa de los Derechos Humanos de Minas Gerais, el campamento provisorio de los pescadores fue blanco de disparos venidos de la hacienda. A partir de ese hecho, todas las veces que se acercan al margen de la Hacienda Canabrava, los pescadores/vazanteiros reciben amenazas o son intimidados, a veces hasta con armas de fuego, por matones o por la propia Policía Militar.

Además de la demolición de las casas, pequeños muebles y objetos personales fueron saqueados, decenas de árboles nativos fueron quemados y derribados, la comunidad perdió toda la plantación aguas abajo (plantaciones de caña, frijoles, calabaza, etc.), cosechadas por los hacendados y destinadas a la alimentación de animales. Murieron o fueron muertos pequeños animales y creaciones de la comunidad y se prohibió la pesca, otra actividad tradicional.

Propuestas de solución (máximo 5 líneas):

Medidas para garantizar el regreso de las familias al territorio, denuncia de las violaciones de derechos y exigencia de la emisión del Término de Autorización de Uso Sostenible del Territorio (TAUS) para que las familias puedan regresar a su tierra y ejercer sus actividades tradicionales. Además, se reivindica atribución de responsabilidad por esas destrucciones e indemnización de las familias de la comunidad, así como investigar y castigar los crímenes ambientales cometidos contra el Río São Francisco, la flora y la fauna nativas.

Las Instituciones / Personas responsables por esos desalojos:

Ejército Brasileño

Policía Militar del Estado de Minas Gerais


[1] Grupo de agricultores que ocupan los margenes de los ríos y cultivan la tierra para la subsistencia, de forma autónoma  y con un régimen de economia familiar.


Le Traducteur Volontaire pour le droit au logement sans frontières de l'IAI qui a collaboré à la traduction de ce texte est :

Zaida Machuca

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