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Ciudad de las Luces: desalojo violento en Manaos, Amazonas

Más de tres mil familias, cerca de 12 mil personas en total, ocuparon en 2014 un terreno abandonado, de propiedad privada, en el Barrio de Tarumá, en Manaos. Después de más de 2 años viviendo en el lugar, las familias fueron desalojadas en una acción de extrema violencia, y sin que el poder público ofreciese ninguna alternativa habitacional o indemnización. Durante la reintegración, se produjeron tres muertes.

Organización : Unión Nacional por la Vivienda Popular

Localización (ciudad, región, Brasil) : Manaos, Región Norte, Brasil

Tipo de desalojos : reintegración de propiedad de terreno de propiedad privada, que no cumplía su función social

Número de desalojados : 12000
% Mujeres: 55%
% Niños: 30%

Organizaciones movilizadas (nombre y correo electrónico):

Unión Nacional Por la Vivienda Popular (UNMP)

Presentación del caso de desalojo (máximo 1 página) indicando:

  • Información histórica
  • Estrategias:
  • Acción legal procesos judiciales:
  • Movilizaciones, protestas, decisión de las autoridades:

En 2014, más de tres mil familias, cerca de 12 mil personas en total, ocuparon un terreno abandonado, de propiedad privada, en el Barrio de Tarumá, en Manaos. Después de más de 2 años viviendo en el lugar, las familias fueron desalojadas el 13/12/2016 en una acción de violencia extrema, y sin que el poder público ofreciese ninguna alternativa habitacional o indemnización, lo que representó grave violación al derecho a la vivienda y a otros derechos fundamentales. Durante la reintegración (desalojo), se produjeron tres decesos, como consecuencia de la violencia policial. Un joven falleció después de ser baleado mientras montaba una barricada un día antes de la reintegración, el 12/12/2016. Durante la reintegración (desalojo), otro joven murió calcinado, como consecuencia de la explosión de una bomba de efecto moral junto a un balón de gas de cocina. Además, un niño falleció alcanzado por una casa que cayó durante la reintegración (desalojo). Ocho meses después de la reintegración, las familias, sin ninguna alternativa de vivienda, volvieron a ocupar el terreno, y hoy están bajo amenaza de nuevo desalojo, que puede ocurrir en cualquier momento.

El desalojo se realizó con uso intensivo de bombas de gas, bombas de efecto moral, balas de goma, uso de gas por Helicóptero que sobrevolaba el lugar y agresiones físicas y verbales. Muchos líderes fueron detenidos, y uno de ellos sigue hasta hoy detenido. Durante el desalojo, se derribaron 3 mil casas y se destruyeron completamente dos lotes. Las familias perdieron sus pertenencias, tales como estufas, refrigeradores, celulares, electrodomésticos, con daños materiales y morales, además de traumas psicológicos.

Las personas desalojadas y la Unión Nacional por Vivienda Popular (UNMP) actuaron para evitar el desalojo y, cuando este ocurrió, para construir alternativas de vivienda digna para las personas afectadas. Parte de las familias fueron llevadas a un terreno ocupado y viven allí. Hubo también negociación con el Gobierno Federal el 2016, para que fuese posible construir viviendas populares en un terreno perteneciente al Gobierno Federal por el programa Mi Casa Mi Vida Entidades, una negociación que sigue en desarrollo. Además, ocho meses después parte de las familias volvieron a ocupar el lugar, y permanecen allí, esperando decisión de nueva solicitud de reintegración de propiedad.

Las personas desalojadas y la Unión Nacional por Vivienda Popular (UNMP) actuaron junto al poder público, sobre todo en diálogo con la Defensoría Pública del Estado, para que hubiese indemnización a las familias, por vía judicial. La solicitud sigue en trámite: incluso a más de un año de la realización del desalojo, ninguna familia ha sido indemnizada. Además de la solicitud vía judicial, las familias y organizaciones que las apoyan actúan social y políticamente, por medio de denuncias públicas y presión sobre el poder público, para que se paguen las indemnizaciones y las familias tengan una alternativa de vivienda digna, con participación social.

Fueron muchas las estrategias de resistencia, que siguen en curso. En el período anterior al desalojo en 2016, las familias realizaron manifestaciones y presión sobre el poder público, con amplia denuncia de la situación, para garantizar la permanencia en el lugar. Además, hubo resistencia a la orden de desalojo, por el entendimiento de que la reintegración violaba el derecho a la vivienda de las familias. Además de garantir la continuidad de la ocupación que permanece en el territorio, los movimientos organizaron actos de carácter municipal y nacional durante 2017, con el fin de presionar al poder público para que haga efectivo el derecho a la vivienda de las personas en el lugar. Además, el caso es permanentemente denunciado en las redes sociales y medios de comunicación alternativos, con producción de videos, pronunciamientos, textos, imágenes y producciones en audio que exponen la violencia extrema ocurrida en 2016, reivindicando una alternativa de vivienda digna para las familias afectadas.

La Unión Nacional Por Vivienda Popular (UNMP) actúa en el ámbito local, estatal y nacional para apoyar la construcción de alternativas habitacionales para las familias afectadas por el desalojo. La propuesta de las organizaciones de apoyo es movilizar y dialogar con el poder público municipal para garantizar la permanencia de las familias en el lugar, toda vez que hubo nueva ocupación y existe amenaza de realización de nueva reintegración de propiedad. De ser posible, se reivindica la construcción de alternativas de vivienda popular digna, con participación social, en terreno público, que pertenece a la Secretaría de Patrimonio de la Unión, a través del programa Mi Casa Mi Vida Entidades.

Propuestas de solución (máximo 5 líneas):

Para el año 2018, las organizaciones de apoyo y las familias programaron acciones en defensa de las familias amenazadas. La planificación es seguir resistiendo, con acciones locales y compromiso en acto de carácter nacional que se realizará en la segunda quincena de abril. Además, se prevén acciones de denuncia pública y manifestaciones que se realizarán durante el primer semestre de 2018, como forma de resistencia y de garantía de que las familias podrán permanecer en el lugar.

Las Instituciones / Personas responsables de esos desalojos:

Gobierno del Estado del Amazonas

Secretaría de Seguridad Pública del Estado del Amazonas

Procuraduría General de la Prefectura de Manaos

Poder Judicial


Le Traducteur Volontaire pour le droit au logement sans frontières de l'IAI qui a collaboré à la traduction de ce texte est :

Zaida Machuca

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